Para una historia del conflicto árabe-israelí
• La segunda Intifada Sofía AragnoObservatorio de Conflictos. Argentina, 29 de abril.
Según Alain Dieckhoff, el sionismo surge como una aspiración de dotar al pueblo judío de un marco nacional. Se origina como ideología de la pequeña burguesía, adquiriendo forma completa entre los años 1881 a 1917, en los ámbitos interno (el mundo judío), externo (el concierto de las naciones) y regional (Palestina).
Su impulso original lo marcan los trágicos acontecimientos que golpearon a la sociedad judía en el imperio zarista, a partir de 1880. El asesinato de Alejandro II, el 13 de marzo de 1881, abre una oleada de progroms que afectan muy duramente a los judíos rusos. Desde ese momento, muchos de ellos rompen con el zarismo, ligándose a los movimientos revolucionarios u optando por la emigración. La gran masa de expatriados se instalará en los Estados Unidos, pero una parte de ellos se dirigirá a Eretz Israel (la tierra de Israel), donde construirán pueblos que habrán de formar la base de una sociedad judía autónoma, cuya motivación era más nacional que religiosa. Pero en los albores del siglo XX, el balance era aún modesto; 6.000 personas, repartidas en una veintena de nuevas implantaciones, viven entonces en Palestina, entablando relativamente buenas relaciones con los árabes de la región.
El gran propagador de la idea de que la supervivencia de los judíos requería de la reconstrucción de una patria en Palestina fue Theodor Herzl. En apariencia, Theodor Herzl aspiraba a integrarse como periodista en Viena, ser reconocido como un auténtico escritor austríaco. Pero desde su juventud se había visto enfrentado al antisemitismo, y su estancia en París de 1891 a 1895 no hizo más que precipitar los acontecimientos. Allí fue testigo de la agitación antijudía alimentada, entre otras cosas, por el escándalo político-finaciero de Panamá. La degradación de Alfred Dreyfus acabó por destruir el sueño asimilacionista de Theodor Herzl y lo condujo a esta conclusión radical: la cuestión judía no puede resolverse más que colectivamente, mediante la construcción de un Estado.
En Der Judenstaat (El Estado de los judíos), verdadero manifiesto del sionismo político publicado en febrero de 1896, Theodor Herzl, tras haber comprobado la irreductibilidad del antisemitismo, propone crear dos organismos, instrumentos de realización del designio nacional judío. El primero, Society of Jews, será un poder político constituyente, encargado de obtener, con el apoyo de la comunidad internacional, una soberanía sobre un territorio determinado (en esa fecha, Theodor Herzl todavía no ha decidido entre Palestina y Argentina). El segundo, la Jewish Company, deberá trasladar el programa sionista a los hechos organizando la emigración de los judíos, procediendo a la compra de las tierras y dotando al nuevo estado de bases económicas y sociales sanas. En agosto de 1897 Theodor Herzl convoca en Basilea el primer congreso sionista: crea allí la Organización Sionista que se esforzará por obtener en Palestina un hogar nacional reconocido públicamente y garantizado jurídicamente.
Para llevar adelante este proyecto, Theodor Herzl necesitaba del apoyo europeo. Gran bretaña se convertirá en el gran aliado del sionismo, en un período en el cual enfrentaba una importante inmigración de judíos de Europa del Este, a los cuales había que desviarlos hacia otros destinos.
La nueva oleada de progroms en Rusia a partir de 1903 acelerará las negociaciones con los dirigentes británicos, preparando así el terreno para la declaración de Balfour (Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña) del 2 de noviembre de 1917. Esta carta, dirigida a Lord Rothschild, declaraba que el gobierno británico contemplaba de forma favorable el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.
Las razones de esta decisión tienen motivaciones que favorecían a Gran Bretaña. Por un lado, en ese año, en plena guerra mundial, se da el fracaso de las ofensivas aliadas y el abandono de Rusia en su participación en la guerra; y por otra parte, los intereses estratégicos de Gran Bretaña puestos en Oriente Medio en caso del posible desmembramiento del Imperio Otomano.
La declaración de Balfour no sólo confirma el Mandato confiado a Gran Bretaña el 24 de julio de 1922 sino también el punto de partida de las consolidación del sionismo como realidad estatal en Palestina, convirtiéndose así en un hecho político internacional y movimiento central en el mundo judío.
Pero Palestina, lugar donde debía erigirse la soberanía nacional judía estaba ya habitada por hombres de otra lengua, otra cultura y otra filiación religiosa, que se contraponían a la nacionalidad judía que pretendía establecer. De esta manera, los árabes que vivían en palestina iban a constituir desde un principio un obstáculo a la pretensión sionista de crear un Estado judío en virtud de su mera presencia física en el lugar, ya que no podían someterse voluntariamente a tal proyecto.
Uno de los primeros pasos llevados adelante para la fundación de un Estado judío, debía ser ocupar el territorio con judíos, pues sólo la colonización con hombres del grupo nacional garantizaba que el suelo de Palestina pudiera transformarse en un territorio israelí habitado por personas de nacionalidad judía.
En este sentido, la compra y colonización del suelo eran las condiciones para la creación del un Estado nacional judío en Palestina. Había que vincular al suelo colonos judíos en lugar de la población campesina árabe y, al mismo tiempo, había que impedir que ese suelo pudiera ser comprado nuevamente por los árabes. Esto se logró mediante el Keren Kayemeth Leisrael (KKL), organización sionista para la compra de tierras, que prohibía a los judíos la enajenación del suelo adquirido, ya que desde su adquisición esa tierra sería propiedad nacional, medida que todavía mantiene su validez jurídica en el actual Estado de Israel.
Pero para que el suelo palestino se convirtiera en territorio nacional judío eran necesarias otras medidas, como por ejemplo la vinculación real entre los otros colonos judíos y la tierra, es decir, garantizar la colonización con campesinos que trabajen ellos mismos la tierra. La prohibición de vender y el cultivo de la tierra tampoco bastaban para nacionalizar el suelo con vistas a la creación de un Estado judío mientras siguiera allí instalada una población árabe considerable. El incentivo económico del beneficio y la rentabilidad de la producción movería cada vez más a emplear una fuerza de trabajo barata. Ésta la constituía y constituye en Palestina o en Israel el trabajo asalariado árabe. La consecuencia de una explotación orientada al beneficio habría significado que los árabes, privados de sus tierras por la ocupación judía, habrían vuelto como jornaleros y deshecho así la pretendida estructura homogénea de la población judía en la correspondiente zona de colonización. Por tanto, a fin de evitar que las consecuencias del trabajo asalariado en la agricultura, que haría volver a los árabes al terruño, tuviesen efectos negativos en el proceso de creación del Estado nacional, el departamento de colonización de la organización sionista determinó que se prohibiera por principio el trabajo asalariado en las tierras del KKL. Más tarde, en el Estado de Israel, esta condición para el cultivo de las tierras del KKL y del denominado suelo estatal se convirtió en una norma casi constitucional, aunque ella se rompe una y otra vez por la presión económica en orden a la obtención de beneficios.
De esta manera, las medidas económicas llevadas adelante tuvieron como función crear un estado, en donde la compra de tierras y su cultivo tuvieron como finalidad vincular al judío al suelo en calidad de futuro ciudadano, limitando su movilidad y evitando el regreso de los árabes como jornaleros.
Los mismo, puede percibirse en el sector industrial. La Histadrut, Central Sindical Sionista, aceptaba solamente a trabajadores judíos, y presionaba a los empresarios judíos para que en lugar de los salarios más altos que estaban obligados a pagar, importasen más máquinas de las necesarias para no recurrir a la fuerza de trabajo árabe barata. La consecuencia de esta política laboral fue que los obreros judíos pasaron a constituir la mano de obra calificada. Esta evolución del mercado de trabajo desembocaría inevitablemente en que los conflictos nacionales provocarían conflictos sociales y viceversa.
Lo que perjudicó y finalmente destruyó el intento de los británicos de llevar a la práctica el Mandato fue la aparición del nacionalismo palestino. La violencia provocada por la hostilidad árabe hacia el sionismo, empezó a perfilarse en los disturbios de 1920, y casi acaba en una guerra civil en 1929. Cuando Gran Bretaña construyó Palestina, creó también el nacionalismo palestino. La identidad palestina se forjó por el miedo a la dominación judía derivado del Mandato.
Los palestinos, frente a esta situación, es decir, el mandato británico y el avance del sionismo, respondieron con una rebelión armada conocida como la Primera Intifada, que comienza en 1936 y culmina en 1939, cuando finalmente las fuerzas militares pudieron desarticular a los grupos guerrilleros. Pero muchos observadores no militares pensaban que en gran medida la rebelión se había extinguido a causa de las concesiones políticas realizadas en el Libro blanco de 1939, que ponía límites a la inmigración y prometía el autogobierno de la mayoría (o sea, de los árabes), en un plazo de 5 años.
Las acciones armadas entre ambos pueblos se retoman en 1947, cuando la O.N.U. toma la descabellada idea de dividir Palestina en dos países, uno árabe y otro judío, plan aceptado por éstos últimos.
Al comienzo de la guerra el Haganah, brazo militar del Partido Laborista Sionista, dirigido por David Ben Gurion, no creía posible ni necesario ocupar Jaffa, por aquel entonces la mayor ciudad árabe de Palestina, con una población de unos 7.000 habitantes. Esta ciudad había sido designada por las Naciones Unidas para formar parte del propuesto Estado árabe-palestino. Pero el Irgun y el Stern Gang, los dos pequeños grupos clandestinos encabezados por Menahem Begin y Yitzhak Shamir, lanzaron una ofensiva terrorista sobre la ciudad.
Hacia mediados de 1948 todos los habitantes árabes de Jaffa excepto 4.000 eran refugiados. La creación del Estado nacional judío tenía necesariamente que ir unido a la expulsión de los árabes palestinos. Esto lo tenía bien claro el pueblo palestino, que desde los comienzos de la colonización sionista, materializó su resistencia en congresos, resoluciones y acciones de protesta, y más tarde en la violencia armada. Al problema de la amplia minoría árabe había que buscarle una solución, ya que de cualquier modo que pudiera dividirse el territorio, siempre había una considerable minoría árabe en el área del Estado judío, y su superior tasa de natalidad suponía que constituirían una amenaza perpetua para la mayoría judía. En esta dirección, la idea de trasladar a los árabes del área del Estado judío al área del Estado árabe o a otros Estados árabes se consideró la clave para asegurar la estabilidad y la judeidad del propuesto Estado judío.
El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel, y el estado de guerra se profundiza. Frente a la información de la masacre llevada a cabo por el Irgun en Deir Yassin, donde unos cien palestinos en su mayoría no combatientes fueron asesinados, muchos huyeron a países árabes vecinos esperando que acabara la guerra y poder regresar victoriosos.
A pesar de la creación del Estado israelí, éste carecía de fronteras fijas, de un territorio definido, en una región que tiene un carácter marcadamente árabe. La minoría árabe de Israel forma parte de una mayoría regional que señala claramente el carácter minoritario de Israel como Estado judío en este entorno. Esto hace que dicha minoría sea cada vez más oprimida en Israel, opresión que se traduce directamente en discriminación, puesto que un Estado nacional como Israel no sólo acentúa su carácter judío como razón de ser en la conciencia de sus ciudadanos, sino que también debe garantizarlo con una política sionista práctica, es decir, con medidas legales y administrativas concretas.
Los privilegios constitucionales de los inmigrantes judíos y de la población judía como tal significan de por sí una discriminación a los ciudadanos árabes de Israel, y suponen un rechazo estructural del principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, tal como se presupone en una democracia burguesa. El trato diferencial se introduce mediante la contraposición entre la declaración de independencia, en la que se garantiza la igualdad de todos, cualquiera que sea su origen, religión y sexo y la "Ley de Retorno", que ha adquirido el rango de constitución. Por eso ha sido calificada con razón como el Derecho Sionista del Estado de Israel. El postulado de la igualdad incluido en la declaración de independencia pasa a segundo término tras el contenido preferencial de la "Ley de Retorno", válida solamente para los judíos. Tampoco serviría de nada mejorar las condiciones de vida de la población árabe de Israel con respecto a su situación social originaria, ya que no podría resistir la comparación con la superior posición de los ciudadanos judíos o con los medios a ellos destinados. Al contrario: cuando mejor sea la situación relativa de la población árabe, tanto más estará en condiciones de reconocer, por su educación y formación, la diferencia absoluta que la separa por principio de los judíos en el Estado sionista.
Hacia el final de la guerra de 1948, a medida que las tropas judías triunfaban sobre los ejércitos árabes combinados, Ben Gurion intentó reforzar la posición estratégica de Israel expandiendo y asegurando sus vulnerables fronteras, apoderándose de más territorios y expulsando a los palestinos antes de que un armisticio logrado con la intervención de las Naciones Unidas acabara con el conflicto. Las ciudades de Lydda y Ramle constituyen un ejemplo de ello. Tras la intervención y la terrible matanza, los palestinos sobrevivientes comenzaron a abandonar por propia voluntad o por la fuerza las ciudades para alejarse del área de conflicto. Lydda y Ramle, al igual que otras áreas evacuadas, fueron repobladas con inmigrantes judíos, quienes se instalaron en las casas árabes vacías.
En 1949 entre 600.00 y 760.000 refugiados palestinos habían huido o habían sido expulsados de Israel. Los líderes sionistas acogieron su éxodo como una buena noticia. Los refugiados palestinos se convirtieron así en una de las mayores consecuencias de la guerra de 1948.
En los campamentos y viviendas provisionales establecidos en las líneas de armisticio de 1948-49, los palestinos manifestaban su voluntad de volver. Esta voluntad no era solamente expresión de una obstinada afirmación nacional, tal como corresponde a la consciencia palestina y a la interpretación general. La obstinación nacional que se manifestaba en la reivindicación del retorno habría desaparecido pronto si la cuestión de los refugiados hubiera sido solamente una cuestión nacional y no también, y sobre todo, una cuestión social, un problema social, un problema social que otros Estados árabes no podían solucionar debido a las relaciones sociales existentes en ellos y, a decir verdad, tampoco podían solucionar aunque tuviesen la voluntad y la disposición política y subjetiva de hacerlo.
La inmensa mayoría de los refugiados árabes de Palestina de 1948 eran campesinos que con la conquista y ocupación sionista habían perdido sus tierras y, con ellas, la base de su existencia. La estructura social de las zonas árabes que rodean a Israel apenas se diferenciaban del entorno social del que procedían estas personas. Pero hay que tener en cuenta que la integración social de los refugiados a la agricultura, es decir en el ámbito vital al que estaban acostumbrados, tenía que verse dificultada tan pronto como esos países modernizasen su agricultura. Una agricultura basada en el cultivo intensivo, como la que se introdujo en Oriente Próximo a través de la reforma agraria y la mecanización en sentido progresista, disminuía las ya escasas oportunidades de integración de los refugiados. Es cierto que la reforma agraria condujo a una nivelación de los ingresos agrícolas, pero paso por alto totalmente los intereses de los refugiados, puesto que la mecanización de la agricultura, acelerada cada vez más tras la reforma agraria, liberaba continuamente mano de obra agrícola. A otro reparto del suelo se oponía, por un lado, la escasa productividad, resultado de una división de parcelas todavía más pequeñas. Por otro lado, es difícil imaginar que los propietarios tradicionales de las tierras de regímenes conservadores, hubieran renunciado por voluntad propia a la base económica de su poder. Lo que quedó de la estrategia integradora fue una oferta de puestos de trabajo en la industria. Semejante perspectiva de integración de los refugiados palestinos excedía, sin embargo, totalmente de las posibilidades que tenía entonces la región. Habría requerido una transformación revolucionaria cuyas proporciones habrían rebasado con mucho las de la cuestión global de Palestina.
Entre las filas de los refugiados palestinos que, en principio querían sencillamente volver a sus campos y a sus casas, surgió paulatinamente un movimiento nacional cuya meta consistía y consiste en la creación de un Estado nacional palestino. El paso del elemento social al nacional se refleja en los combates librados desde 1949 a lo largo de la sangrienta línea de armisticio del Estado de Israel, políticamente consolidado. Para imponerse como Estado nacional judío en Palestina, Israel tenía que marcar a fuego su frontera dentro de la anterior estructura social de toda Palestina. La Agencia de Socorro y trabajo de las Naciones Unidas (United Nation Relief and Works Agency, UNRWA), fue creada como una agencia provisional en 1949 por la Asamblea General de la O.N.U. para asistir a los refugiados palestinos hasta que fueran repatriados o recibieran una compensación. Proporciona servicios básicos tales como vivienda, atención sanitaria y educación. Los campos de refugiados de la UNRWA pronto se convirtieron en centros de nacionalismo palestino. Más tarde estos centros pasaron a ser bases de reclutamiento de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), que alentaba la idea de Al Auda (retorno), así como de Al kifá al Musalá (la lucha armada).
Del mismo modo que las conversaciones de paz de Lausana entre Israel y los Estados árabes en 1949 fracasaron en el tema de la repatriación de los refugiados, también lo hicieron las futuras conversaciones de paz entre Israel y los representantes de los palestinos. El derecho al retorno está contemplado en la Carta Nacional Palestina, y los refugiados han rechazado incluso la ayuda de la O.N.U. para los proyectos de desarrollo económico a largo plazo en Jordania, Siria, Líbano y los territorios ocupados, porque supone un asentamiento permanente, minando así el concepto de retorno.
Los refugiados palestinos en los Estados árabes viven en malísimas condiciones, no sólo materiales sino también psicológicas. Los campamentos de refugiados en Siria son mantenidos por la UNRWA; ésta no cobra alquileres y proporciona servicios sociales gratuitos, incluyendo atención médica y escuelas primarias y secundarias que son mucho mejores que las del sistema sirio, de titularidad estatal. Viven en casas de una o dos habitaciones, construidas con ladrillos y cemento, que se amontonan a lo largo de caminos sin asfaltar, generalmente en las afueras de las ciudades. Los palestinos en Siria no tienen ningún derecho político, no se les concede pasaporte sirio y se les prohibe tener propiedades, excepto una casa por familia. Además, tienen prohibido portar armas en los campamentos. Las escuelas de la UNRWA, podría decirse que son centros de un fuerte sentimiento anti-israelí, en donde tanto profesores como alumnos son palestinos, imposibilitando así la tarea de no politizar la educación.
En Jordania, los refugiados palestinos han tenido derecho a la ciudadanía jordana desde 1952, pero nunca se han integrado psicológicamente. La mayoría de los campos de refugiados se asemejan a otros pueblos superpoblados y pobres de Oriente Medio. A pesar de las dificultades con las que lidian los refugiados, tal como sucede en Siria, muy pocos abandonan voluntariamente los campamentos, debido a los diversos subsidios, asistencia médica y clínicas dentales gratuitas, escolaridad, programas suplementarios de alimentación para niños y madres lactantes y la vivienda exenta de alquiler proporcionada por la UNRWA. Sin desmerecer la ayuda de esta última organización, es necesario remarcar que las condiciones en las que viven los palestinos refugiados son muy malas. Al igual que en Siria, a los niños se los educa como refugiados, manteniendo vivo el nacionalismo palestino.
Este nacionalismo extendido en los campamentos de refugiados, explica los motivos de la Infitada. Ésta comenzó en un campo de refugiados de Jabalya en Gaza el 9 de noviembre de 1897, cuando cuatro trabajadores árabes que volvían de su trabajo en Israel murieron en una colisión con un camión israelí. Miles de personas en duelo comenzaron una marcha hacia un campo de un ejército israelí, convencidos de que el accidente había sido deliberado (tres días antes un comerciante israelí había sido asesinado a puñaladas en Gaza y sus habitantes creían que el conductor del camión era un pariente del comerciante dispuesto a vengar su muerte). El ejército israelí disparó sobre los manifestantes. Cuatro palestinos murieron y la Franja de Gaza, una pequeña zona de tierra en la que se apiñan 650.000 habitantes, estalló en una lluvia de piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados. La rebelión se extendió a los territorios de la Orilla Occidental del Jordán, donde, al igual que en la Franja, los campos de refugiados, y en particular las escuelas de la UNRWA, se convirtieron en la primera línea de la Infitada. Los niños han sido los principales combatientes y las principales víctimas de la Infitada.
La zona de Gaza ha estado sufriendo tensiones desde 1948, cuando 180.000 refugiados llegaron a la zona, anegando a los 160.000 residentes autóctonos. Los ataques de la guerrilla palestina desde Gaza, que fue ocupada por Egipto en 1948, fueron la causa para la participación de Israel en la Guerra del Canal de Suez de 1956. Israel expulsó al ejército egipcio y ocupó la Franja durante aproximadamente cinco meses antes de que la administración Eisenhower la presionara para que la abandonara. Israel ocupó la Franja de nuevo durante la Guerra de los Seis Días de junio de 1967. Casi inmediatamente, la OLP convirtió Gaza en una base con un sinfín de búnkers y refugios subterráneos, desde donde libraba una guerra de guerrillas. Se trajo al general Ariel Sharon para aplastar la sublevación. Éste hizo abrir espacios entre los campamentos densamente poblados para que los jeeps del ejército pudieran patrullar con seguridad por las calzadas. Los refugiados, cuyas casas habían sido destruidas por Sharon fueron trasladados a la fuerza a barracones abandonados de las fuerzas de la O.N.U. cercanos a la frontera con Egipto. Básicamente el plan de Sharon consistía en deshacerse de todos los campos de refugiados palestinos.
El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (CPDH), es una organización palestina establecida en Gaza desde 1995 por un grupo de abogados y activistas de los derechos humanos palestinos con el fin de proteger los derechos individuales y colectivos de la población palestina y promover la creación y el desarrollo de instituciones democráticas palestinas. Además de su labor informativa y de investigación, el CPDH ofrece asistencia legal a los presos palestinos ante los tribunales tanto israelíes como de la Autoridad Palestina. También publica informes semanales acerca de las violaciones de derechos humanos en los Territorios Ocupados (TTOO), cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes y, periódicamente, informes específicos sobre las consecuencias económicas de los cierres decretados por Israel.
En mayo del 2001, el CPDH de Gaza ha presentado su informe anual correspondiente al año 2000 en el que se evalúa la situación de los derechos humanos en Palestina. El resultado de dicho informe constata un incremento de las violaciones cometidas por Israel contra la población palestina, especialmente a partir de setiembre del 2000 (inicio de la Infitada), si bien del contenido del mismo se infiere que las políticas de represión y violaciones de los derechos palestinos tanto individuales como colectivos constituyen una práctica sistemática por parte de Israel que es constitutiva de su naturaleza como poder militar ocupante. Asimismo, se concluye del informe que ha sido la realidad creada por los Acuerdos de Oslo que ha permitido a Israel intensificar su control sobre la población y los territorios palestinos durante el año 2000.
De acuerdo con las investigaciones, en docenas de incidentes en los que las fuerzas israelíes asesinaron a civiles palestinos, las vidas de los soldados israelíes no estuvieron expuestas a ningún peligro. Las acciones israelíes no se limitaron exclusivamente al fuego abierto indiscriminado sobre la población palestina o al uso de francotiradores o armas con silenciadores, sino que también se han empleado helicópteros de combate, cañones y tanques para bombardear las áreas residenciales palestinas. Las fuerzas de ocupación también atacaron al personal médico y a las ambulancias. Sumados a ellos, miembros de la prensa local e internacional han padecido también la violencia israelí, especialmente los fotógrafos y las cámaras de televisión, cuyas poderosas imágenes en medios audiovisuales atraen la atención internacional.
También constituyeron un objetivo para las fuerzas de ocupación israelíes las fuerzas de seguridad palestinas. A pesar del limitado número de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad palestinas o palestinos armados e israelíes, el CPDH ha documentado muchos incidentes durante los que las fuerzas de Israel han disparado al personal de la seguridad palestina cuando estas fuerzas estaban intentando controlar a los manifestantes palestinos, como cuando no se estaba produciendo ninguna movilización. En todos los casos, las fuerzas de ocupación israelíes han incumplido los acuerdos internacionales del derecho humanitario, no han distinguido entre población civil y objetivos militares, lo que ha causado una altísima tasa de muertes entre civiles palestinos.
En el último tercio del 2000, las fuerzas de ocupación han practicado intensivamente la destrucción y demolición de la propiedad inmueble y de las tierras palestinas. El ejército israelí arrasó miles de hectáreas de tierra agrícola palestina que constituye el recurso básico de su economía. Se han arrancado árboles frutales y destruido cientos de invernaderos, sistemas de irrigación, bienes e instalaciones y equipamientos agrícolas. También se han demolido viviendas palestinas y sus contenidos tras expulsar a sus habitantes, casi siempre sin previo aviso, así como fábricas, talleres y otras infraestructuras y servicios civiles.
Durante este período, han impuesto el bloqueo de los territorios ocupados. El cierre no se ha limitado solamente a la restricción de las transacciones comerciales sino también a la prohibición de que unos 50.000 trabajadores palestinos accediesen a sus trabajos en Israel. Cierres que incluyen las fronteras entre la Franja de Gaza e Israel así como el denominado "pasillo de seguridad", que fue abierto el 25 de octubre de 1999 para conectar la Franja con Cisjordania según lo estipulado en los Acuerdos de Oslo, para facilitar el movimiento entre ambas áreas palestinas. A ello hay que sumarle la expresa prohibición de movimiento entre Gaza y Cisjordania a través de Israel y las fronteras palestinas de Gaza con los países vecinos, y el cierre del Aeropuerto Internacional de Gaza.
Israel ha reforzado su presencia militar en los territorios ocupados, especialmente a las entradas de las ciudades palestinas, restringiendo el movimiento entre ellas, transformando los territorios ocupados en espacios aislados y desconectados, creando una situación sin precedentes desde el inicio de la ocupación israelí en 1967 y cuya ejecución se deriva de la nueva configuración territorial y administrativa que había creado la aplicación de los Acuerdos de Oslo.
El inicio de los enfrentamientos entre la población civil palestina y las fuerzas israelíes de ocupación es el resultado de los años continuos de opresión y persecución israelí al pueblo palestino, y de la constante negación de sus básicos derechos y libertades. Negación de su derecho de autodeterminación, del fin de la ocupación, del establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén como su capital y del retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, todas ellas legítimas demandas reconocidas internacionalmente que han sido reiteradamente negadas por Israel, incluso en el marco del proceso de paz. El surgimiento de los enfrentamientos debe ser observado como el resultado de las frustraciones de un proceso negociador de diez años, en el que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario han quedado subyugados por la continua presión ejercida por EE.UU. y el continuo apoyo de este país a Israel y a sus prácticas opresoras contra el pueblo palestino.
De hecho, con anterioridad al estallido de la violencia en setiembre del 2000, la total falta de respeto a los derechos individuales y colectivos palestinos era evidente. Las fuerzas israelíes seguían confiscando tierras palestinas para facilitar la expansión de los asentamientos judíos ya existentes y para el establecimiento de nuevos asentamientos. Construyendo nuevas carreteras y vías de comunicación entre Israel, los asentamientos y los puestos militares de las fuerzas de ocupación. Y más de 1.600 presos palestinos estaban todavía encarcelados en prisiones del interior de Israel, expuestos a las prácticas de tortura y en condiciones que violan los mínimos derechos de los presos.
Israel también venía practicando la política de cierres de los territorios ocupados, imponiendo restricciones a la libertad de movimientos de civiles palestinos y bienes, estrangulando la economía local palestina. La acumulación de todas esas violaciones a los derechos palestinos fue lo que profundizó la crisis.
De esta manera, no es difícil entender que la población palestina está haciendo frente a una situación extrema de dificultad y penuria colectiva. El empobrecimiento masivo de la población se debe a la pérdida de ingresos de las familias (hasta un 73%), en relación directa con los cierres impuestos por Israel; la población palestina sigue sin poder acceder a sus lugares de trabajo (en Israel o en los territorios ocupados). En relación con estos hechos, cada vez es más claro que Israel sigue una estrategia de liquidación de la Autoridad Palestina y de expulsión de los palestinos de los territorios ocupados. Esta se realiza mediante la aplicación de castigos colectivos que resultan insoportables, como el perpetuo estado de sitio, con ciudades ocupadas, sometidas a múltiples controles que les impiden la circulación, la asistencia sanitaria o la utilización de los centros educativos. Tampoco pueden abastecerse con facilidad de alimentos y, con frecuencia, carecen de suministro de agua, controlada por el ejército de ocupación. Es decir, lo que se puso en marcha en 1998, y que conoció una aceleración vertiginosa a partir del 2000, no es otra cosa que la aniquilación de las posibilidades de funcionamiento de una sociedad en los territorios ocupados, que representan el 22% de la Palestina histórica.
Los distintos ministerios y oficinas de la Autoridad palestina en Ramala, capital administrativa de la Autonomía Palestina, han sido barridos a conciencia por las fuerzas de ocupación israelíes. Desde el Ministerio de Economía al de Educación; desde el de Sanidad al de Información, no ha habido despacho que no haya sido invadido, saqueado y destruido. En ese saqueo tiene especial gravedad el de los archivos de propiedades, basados muchos de ellos en las escrituras del período otomano y que eran los únicos títulos válidos de propiedad de la tierra. La desaparición de esos documentos supone que muchos palestinos no podrán demostrar en el futuro sus derechos sobre esas propiedades, tanto en el territorio de lo que hoy es Israel y que les fueron confiscadas hace décadas como en la actual Cisjordania ocupada. De esta forma, al gobierno israelí le será más sencillo confiscar las tierras para ampliar los asentamientos sin que los palestinos puedan probar documentalmente que son los legítimos propietarios.
El armamento bélico utilizado por Israel para perpetuar sus ataques es proveniente de, o financiado por, los EE.UU. . Pero la ayuda no es completamente desinteresada: gran parte del dinero que Israel recibe de EE.UU. vuelve a ese país para la adquisición de armamento (Israel es uno de los más importantes importadores de armas procedentes de Norteamérica). La industria bélica estadounidense tiene interés en que el gobierno aumente, siempre con el dinero de los contribuyentes, la ayuda a Israel, su preciado cliente.
Desde 1976 Israel ha sido el principal receptor de la ayuda exterior estadounidense. De acuerdo con el reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos de noviembre del 2001, la ayuda estadounidense a Israel en el pasado medio siglo llegó a la suma gigantesca de 81.3 mil millones de dólares. En años recientes, Israel sigue siendo el principal receptor de la asistencia militar y económica de su aliado. El dato más comúnmente citado es de 3 mil millones de dólares al año, de los cuales 1.8 mil millones anuales son donaciones de fondos dentro del rubro Financiamiento Militar Externo (FME) del Departamento de Defensa, y 1.200 millones anuales del rubro Fondos de Apoyo Económico del Departamento de Estado. En síntesis, 17% de toda la ayuda exterior norteamericana se destina a Israel. Estados Unidos también regala armamento y municiones como parte del programa Exceso en Artículos de Defensa (EAD), entregándolos sin costo alguno. Entre 1994 y 2001, proveyó la mayor parte de armas a Israel mediante este programa.
En síntesis, años de guerra, muerte, desesperación y opresión de un pueblo, pueden entenderse como el "gran negocio" de un estado, que tras el disfraz de defensor de los derechos humanos y libertades del hombre, sigue creando víctimas en todo el mundo, para que las tasas de ganancias de un capitalismo salvaje y opresor no decaigan y para el mantenimiento de un sistema dominación mundial.
Bibliografía
- DIECKHOFF, Alan, "Las tres luchas del sionismo", en Revista "Debats", N° 33, setiembre de1990. - DINER, Dan, "Israel: el problema del Estado nacional y el conflicto del Oriente Próximo", en Problemas mundiales entre los dos bloques de poder, Siglo XXI, México, 1985.- FRIEDMAN, Robert, "Los refugiados palestinos", en Revista "Debats", N° 33, setiembre de 1990.- http://www.lainsignia.org/palestina
• La segunda Intifada Sofía AragnoObservatorio de Conflictos. Argentina, 29 de abril.
Según Alain Dieckhoff, el sionismo surge como una aspiración de dotar al pueblo judío de un marco nacional. Se origina como ideología de la pequeña burguesía, adquiriendo forma completa entre los años 1881 a 1917, en los ámbitos interno (el mundo judío), externo (el concierto de las naciones) y regional (Palestina).
Su impulso original lo marcan los trágicos acontecimientos que golpearon a la sociedad judía en el imperio zarista, a partir de 1880. El asesinato de Alejandro II, el 13 de marzo de 1881, abre una oleada de progroms que afectan muy duramente a los judíos rusos. Desde ese momento, muchos de ellos rompen con el zarismo, ligándose a los movimientos revolucionarios u optando por la emigración. La gran masa de expatriados se instalará en los Estados Unidos, pero una parte de ellos se dirigirá a Eretz Israel (la tierra de Israel), donde construirán pueblos que habrán de formar la base de una sociedad judía autónoma, cuya motivación era más nacional que religiosa. Pero en los albores del siglo XX, el balance era aún modesto; 6.000 personas, repartidas en una veintena de nuevas implantaciones, viven entonces en Palestina, entablando relativamente buenas relaciones con los árabes de la región.
El gran propagador de la idea de que la supervivencia de los judíos requería de la reconstrucción de una patria en Palestina fue Theodor Herzl. En apariencia, Theodor Herzl aspiraba a integrarse como periodista en Viena, ser reconocido como un auténtico escritor austríaco. Pero desde su juventud se había visto enfrentado al antisemitismo, y su estancia en París de 1891 a 1895 no hizo más que precipitar los acontecimientos. Allí fue testigo de la agitación antijudía alimentada, entre otras cosas, por el escándalo político-finaciero de Panamá. La degradación de Alfred Dreyfus acabó por destruir el sueño asimilacionista de Theodor Herzl y lo condujo a esta conclusión radical: la cuestión judía no puede resolverse más que colectivamente, mediante la construcción de un Estado.
En Der Judenstaat (El Estado de los judíos), verdadero manifiesto del sionismo político publicado en febrero de 1896, Theodor Herzl, tras haber comprobado la irreductibilidad del antisemitismo, propone crear dos organismos, instrumentos de realización del designio nacional judío. El primero, Society of Jews, será un poder político constituyente, encargado de obtener, con el apoyo de la comunidad internacional, una soberanía sobre un territorio determinado (en esa fecha, Theodor Herzl todavía no ha decidido entre Palestina y Argentina). El segundo, la Jewish Company, deberá trasladar el programa sionista a los hechos organizando la emigración de los judíos, procediendo a la compra de las tierras y dotando al nuevo estado de bases económicas y sociales sanas. En agosto de 1897 Theodor Herzl convoca en Basilea el primer congreso sionista: crea allí la Organización Sionista que se esforzará por obtener en Palestina un hogar nacional reconocido públicamente y garantizado jurídicamente.
Para llevar adelante este proyecto, Theodor Herzl necesitaba del apoyo europeo. Gran bretaña se convertirá en el gran aliado del sionismo, en un período en el cual enfrentaba una importante inmigración de judíos de Europa del Este, a los cuales había que desviarlos hacia otros destinos.
La nueva oleada de progroms en Rusia a partir de 1903 acelerará las negociaciones con los dirigentes británicos, preparando así el terreno para la declaración de Balfour (Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña) del 2 de noviembre de 1917. Esta carta, dirigida a Lord Rothschild, declaraba que el gobierno británico contemplaba de forma favorable el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.
Las razones de esta decisión tienen motivaciones que favorecían a Gran Bretaña. Por un lado, en ese año, en plena guerra mundial, se da el fracaso de las ofensivas aliadas y el abandono de Rusia en su participación en la guerra; y por otra parte, los intereses estratégicos de Gran Bretaña puestos en Oriente Medio en caso del posible desmembramiento del Imperio Otomano.
La declaración de Balfour no sólo confirma el Mandato confiado a Gran Bretaña el 24 de julio de 1922 sino también el punto de partida de las consolidación del sionismo como realidad estatal en Palestina, convirtiéndose así en un hecho político internacional y movimiento central en el mundo judío.
Pero Palestina, lugar donde debía erigirse la soberanía nacional judía estaba ya habitada por hombres de otra lengua, otra cultura y otra filiación religiosa, que se contraponían a la nacionalidad judía que pretendía establecer. De esta manera, los árabes que vivían en palestina iban a constituir desde un principio un obstáculo a la pretensión sionista de crear un Estado judío en virtud de su mera presencia física en el lugar, ya que no podían someterse voluntariamente a tal proyecto.
Uno de los primeros pasos llevados adelante para la fundación de un Estado judío, debía ser ocupar el territorio con judíos, pues sólo la colonización con hombres del grupo nacional garantizaba que el suelo de Palestina pudiera transformarse en un territorio israelí habitado por personas de nacionalidad judía.
En este sentido, la compra y colonización del suelo eran las condiciones para la creación del un Estado nacional judío en Palestina. Había que vincular al suelo colonos judíos en lugar de la población campesina árabe y, al mismo tiempo, había que impedir que ese suelo pudiera ser comprado nuevamente por los árabes. Esto se logró mediante el Keren Kayemeth Leisrael (KKL), organización sionista para la compra de tierras, que prohibía a los judíos la enajenación del suelo adquirido, ya que desde su adquisición esa tierra sería propiedad nacional, medida que todavía mantiene su validez jurídica en el actual Estado de Israel.
Pero para que el suelo palestino se convirtiera en territorio nacional judío eran necesarias otras medidas, como por ejemplo la vinculación real entre los otros colonos judíos y la tierra, es decir, garantizar la colonización con campesinos que trabajen ellos mismos la tierra. La prohibición de vender y el cultivo de la tierra tampoco bastaban para nacionalizar el suelo con vistas a la creación de un Estado judío mientras siguiera allí instalada una población árabe considerable. El incentivo económico del beneficio y la rentabilidad de la producción movería cada vez más a emplear una fuerza de trabajo barata. Ésta la constituía y constituye en Palestina o en Israel el trabajo asalariado árabe. La consecuencia de una explotación orientada al beneficio habría significado que los árabes, privados de sus tierras por la ocupación judía, habrían vuelto como jornaleros y deshecho así la pretendida estructura homogénea de la población judía en la correspondiente zona de colonización. Por tanto, a fin de evitar que las consecuencias del trabajo asalariado en la agricultura, que haría volver a los árabes al terruño, tuviesen efectos negativos en el proceso de creación del Estado nacional, el departamento de colonización de la organización sionista determinó que se prohibiera por principio el trabajo asalariado en las tierras del KKL. Más tarde, en el Estado de Israel, esta condición para el cultivo de las tierras del KKL y del denominado suelo estatal se convirtió en una norma casi constitucional, aunque ella se rompe una y otra vez por la presión económica en orden a la obtención de beneficios.
De esta manera, las medidas económicas llevadas adelante tuvieron como función crear un estado, en donde la compra de tierras y su cultivo tuvieron como finalidad vincular al judío al suelo en calidad de futuro ciudadano, limitando su movilidad y evitando el regreso de los árabes como jornaleros.
Los mismo, puede percibirse en el sector industrial. La Histadrut, Central Sindical Sionista, aceptaba solamente a trabajadores judíos, y presionaba a los empresarios judíos para que en lugar de los salarios más altos que estaban obligados a pagar, importasen más máquinas de las necesarias para no recurrir a la fuerza de trabajo árabe barata. La consecuencia de esta política laboral fue que los obreros judíos pasaron a constituir la mano de obra calificada. Esta evolución del mercado de trabajo desembocaría inevitablemente en que los conflictos nacionales provocarían conflictos sociales y viceversa.
Lo que perjudicó y finalmente destruyó el intento de los británicos de llevar a la práctica el Mandato fue la aparición del nacionalismo palestino. La violencia provocada por la hostilidad árabe hacia el sionismo, empezó a perfilarse en los disturbios de 1920, y casi acaba en una guerra civil en 1929. Cuando Gran Bretaña construyó Palestina, creó también el nacionalismo palestino. La identidad palestina se forjó por el miedo a la dominación judía derivado del Mandato.
Los palestinos, frente a esta situación, es decir, el mandato británico y el avance del sionismo, respondieron con una rebelión armada conocida como la Primera Intifada, que comienza en 1936 y culmina en 1939, cuando finalmente las fuerzas militares pudieron desarticular a los grupos guerrilleros. Pero muchos observadores no militares pensaban que en gran medida la rebelión se había extinguido a causa de las concesiones políticas realizadas en el Libro blanco de 1939, que ponía límites a la inmigración y prometía el autogobierno de la mayoría (o sea, de los árabes), en un plazo de 5 años.
Las acciones armadas entre ambos pueblos se retoman en 1947, cuando la O.N.U. toma la descabellada idea de dividir Palestina en dos países, uno árabe y otro judío, plan aceptado por éstos últimos.
Al comienzo de la guerra el Haganah, brazo militar del Partido Laborista Sionista, dirigido por David Ben Gurion, no creía posible ni necesario ocupar Jaffa, por aquel entonces la mayor ciudad árabe de Palestina, con una población de unos 7.000 habitantes. Esta ciudad había sido designada por las Naciones Unidas para formar parte del propuesto Estado árabe-palestino. Pero el Irgun y el Stern Gang, los dos pequeños grupos clandestinos encabezados por Menahem Begin y Yitzhak Shamir, lanzaron una ofensiva terrorista sobre la ciudad.
Hacia mediados de 1948 todos los habitantes árabes de Jaffa excepto 4.000 eran refugiados. La creación del Estado nacional judío tenía necesariamente que ir unido a la expulsión de los árabes palestinos. Esto lo tenía bien claro el pueblo palestino, que desde los comienzos de la colonización sionista, materializó su resistencia en congresos, resoluciones y acciones de protesta, y más tarde en la violencia armada. Al problema de la amplia minoría árabe había que buscarle una solución, ya que de cualquier modo que pudiera dividirse el territorio, siempre había una considerable minoría árabe en el área del Estado judío, y su superior tasa de natalidad suponía que constituirían una amenaza perpetua para la mayoría judía. En esta dirección, la idea de trasladar a los árabes del área del Estado judío al área del Estado árabe o a otros Estados árabes se consideró la clave para asegurar la estabilidad y la judeidad del propuesto Estado judío.
El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel, y el estado de guerra se profundiza. Frente a la información de la masacre llevada a cabo por el Irgun en Deir Yassin, donde unos cien palestinos en su mayoría no combatientes fueron asesinados, muchos huyeron a países árabes vecinos esperando que acabara la guerra y poder regresar victoriosos.
A pesar de la creación del Estado israelí, éste carecía de fronteras fijas, de un territorio definido, en una región que tiene un carácter marcadamente árabe. La minoría árabe de Israel forma parte de una mayoría regional que señala claramente el carácter minoritario de Israel como Estado judío en este entorno. Esto hace que dicha minoría sea cada vez más oprimida en Israel, opresión que se traduce directamente en discriminación, puesto que un Estado nacional como Israel no sólo acentúa su carácter judío como razón de ser en la conciencia de sus ciudadanos, sino que también debe garantizarlo con una política sionista práctica, es decir, con medidas legales y administrativas concretas.
Los privilegios constitucionales de los inmigrantes judíos y de la población judía como tal significan de por sí una discriminación a los ciudadanos árabes de Israel, y suponen un rechazo estructural del principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, tal como se presupone en una democracia burguesa. El trato diferencial se introduce mediante la contraposición entre la declaración de independencia, en la que se garantiza la igualdad de todos, cualquiera que sea su origen, religión y sexo y la "Ley de Retorno", que ha adquirido el rango de constitución. Por eso ha sido calificada con razón como el Derecho Sionista del Estado de Israel. El postulado de la igualdad incluido en la declaración de independencia pasa a segundo término tras el contenido preferencial de la "Ley de Retorno", válida solamente para los judíos. Tampoco serviría de nada mejorar las condiciones de vida de la población árabe de Israel con respecto a su situación social originaria, ya que no podría resistir la comparación con la superior posición de los ciudadanos judíos o con los medios a ellos destinados. Al contrario: cuando mejor sea la situación relativa de la población árabe, tanto más estará en condiciones de reconocer, por su educación y formación, la diferencia absoluta que la separa por principio de los judíos en el Estado sionista.
Hacia el final de la guerra de 1948, a medida que las tropas judías triunfaban sobre los ejércitos árabes combinados, Ben Gurion intentó reforzar la posición estratégica de Israel expandiendo y asegurando sus vulnerables fronteras, apoderándose de más territorios y expulsando a los palestinos antes de que un armisticio logrado con la intervención de las Naciones Unidas acabara con el conflicto. Las ciudades de Lydda y Ramle constituyen un ejemplo de ello. Tras la intervención y la terrible matanza, los palestinos sobrevivientes comenzaron a abandonar por propia voluntad o por la fuerza las ciudades para alejarse del área de conflicto. Lydda y Ramle, al igual que otras áreas evacuadas, fueron repobladas con inmigrantes judíos, quienes se instalaron en las casas árabes vacías.
En 1949 entre 600.00 y 760.000 refugiados palestinos habían huido o habían sido expulsados de Israel. Los líderes sionistas acogieron su éxodo como una buena noticia. Los refugiados palestinos se convirtieron así en una de las mayores consecuencias de la guerra de 1948.
En los campamentos y viviendas provisionales establecidos en las líneas de armisticio de 1948-49, los palestinos manifestaban su voluntad de volver. Esta voluntad no era solamente expresión de una obstinada afirmación nacional, tal como corresponde a la consciencia palestina y a la interpretación general. La obstinación nacional que se manifestaba en la reivindicación del retorno habría desaparecido pronto si la cuestión de los refugiados hubiera sido solamente una cuestión nacional y no también, y sobre todo, una cuestión social, un problema social, un problema social que otros Estados árabes no podían solucionar debido a las relaciones sociales existentes en ellos y, a decir verdad, tampoco podían solucionar aunque tuviesen la voluntad y la disposición política y subjetiva de hacerlo.
La inmensa mayoría de los refugiados árabes de Palestina de 1948 eran campesinos que con la conquista y ocupación sionista habían perdido sus tierras y, con ellas, la base de su existencia. La estructura social de las zonas árabes que rodean a Israel apenas se diferenciaban del entorno social del que procedían estas personas. Pero hay que tener en cuenta que la integración social de los refugiados a la agricultura, es decir en el ámbito vital al que estaban acostumbrados, tenía que verse dificultada tan pronto como esos países modernizasen su agricultura. Una agricultura basada en el cultivo intensivo, como la que se introdujo en Oriente Próximo a través de la reforma agraria y la mecanización en sentido progresista, disminuía las ya escasas oportunidades de integración de los refugiados. Es cierto que la reforma agraria condujo a una nivelación de los ingresos agrícolas, pero paso por alto totalmente los intereses de los refugiados, puesto que la mecanización de la agricultura, acelerada cada vez más tras la reforma agraria, liberaba continuamente mano de obra agrícola. A otro reparto del suelo se oponía, por un lado, la escasa productividad, resultado de una división de parcelas todavía más pequeñas. Por otro lado, es difícil imaginar que los propietarios tradicionales de las tierras de regímenes conservadores, hubieran renunciado por voluntad propia a la base económica de su poder. Lo que quedó de la estrategia integradora fue una oferta de puestos de trabajo en la industria. Semejante perspectiva de integración de los refugiados palestinos excedía, sin embargo, totalmente de las posibilidades que tenía entonces la región. Habría requerido una transformación revolucionaria cuyas proporciones habrían rebasado con mucho las de la cuestión global de Palestina.
Entre las filas de los refugiados palestinos que, en principio querían sencillamente volver a sus campos y a sus casas, surgió paulatinamente un movimiento nacional cuya meta consistía y consiste en la creación de un Estado nacional palestino. El paso del elemento social al nacional se refleja en los combates librados desde 1949 a lo largo de la sangrienta línea de armisticio del Estado de Israel, políticamente consolidado. Para imponerse como Estado nacional judío en Palestina, Israel tenía que marcar a fuego su frontera dentro de la anterior estructura social de toda Palestina. La Agencia de Socorro y trabajo de las Naciones Unidas (United Nation Relief and Works Agency, UNRWA), fue creada como una agencia provisional en 1949 por la Asamblea General de la O.N.U. para asistir a los refugiados palestinos hasta que fueran repatriados o recibieran una compensación. Proporciona servicios básicos tales como vivienda, atención sanitaria y educación. Los campos de refugiados de la UNRWA pronto se convirtieron en centros de nacionalismo palestino. Más tarde estos centros pasaron a ser bases de reclutamiento de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), que alentaba la idea de Al Auda (retorno), así como de Al kifá al Musalá (la lucha armada).
Del mismo modo que las conversaciones de paz de Lausana entre Israel y los Estados árabes en 1949 fracasaron en el tema de la repatriación de los refugiados, también lo hicieron las futuras conversaciones de paz entre Israel y los representantes de los palestinos. El derecho al retorno está contemplado en la Carta Nacional Palestina, y los refugiados han rechazado incluso la ayuda de la O.N.U. para los proyectos de desarrollo económico a largo plazo en Jordania, Siria, Líbano y los territorios ocupados, porque supone un asentamiento permanente, minando así el concepto de retorno.
Los refugiados palestinos en los Estados árabes viven en malísimas condiciones, no sólo materiales sino también psicológicas. Los campamentos de refugiados en Siria son mantenidos por la UNRWA; ésta no cobra alquileres y proporciona servicios sociales gratuitos, incluyendo atención médica y escuelas primarias y secundarias que son mucho mejores que las del sistema sirio, de titularidad estatal. Viven en casas de una o dos habitaciones, construidas con ladrillos y cemento, que se amontonan a lo largo de caminos sin asfaltar, generalmente en las afueras de las ciudades. Los palestinos en Siria no tienen ningún derecho político, no se les concede pasaporte sirio y se les prohibe tener propiedades, excepto una casa por familia. Además, tienen prohibido portar armas en los campamentos. Las escuelas de la UNRWA, podría decirse que son centros de un fuerte sentimiento anti-israelí, en donde tanto profesores como alumnos son palestinos, imposibilitando así la tarea de no politizar la educación.
En Jordania, los refugiados palestinos han tenido derecho a la ciudadanía jordana desde 1952, pero nunca se han integrado psicológicamente. La mayoría de los campos de refugiados se asemejan a otros pueblos superpoblados y pobres de Oriente Medio. A pesar de las dificultades con las que lidian los refugiados, tal como sucede en Siria, muy pocos abandonan voluntariamente los campamentos, debido a los diversos subsidios, asistencia médica y clínicas dentales gratuitas, escolaridad, programas suplementarios de alimentación para niños y madres lactantes y la vivienda exenta de alquiler proporcionada por la UNRWA. Sin desmerecer la ayuda de esta última organización, es necesario remarcar que las condiciones en las que viven los palestinos refugiados son muy malas. Al igual que en Siria, a los niños se los educa como refugiados, manteniendo vivo el nacionalismo palestino.
Este nacionalismo extendido en los campamentos de refugiados, explica los motivos de la Infitada. Ésta comenzó en un campo de refugiados de Jabalya en Gaza el 9 de noviembre de 1897, cuando cuatro trabajadores árabes que volvían de su trabajo en Israel murieron en una colisión con un camión israelí. Miles de personas en duelo comenzaron una marcha hacia un campo de un ejército israelí, convencidos de que el accidente había sido deliberado (tres días antes un comerciante israelí había sido asesinado a puñaladas en Gaza y sus habitantes creían que el conductor del camión era un pariente del comerciante dispuesto a vengar su muerte). El ejército israelí disparó sobre los manifestantes. Cuatro palestinos murieron y la Franja de Gaza, una pequeña zona de tierra en la que se apiñan 650.000 habitantes, estalló en una lluvia de piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados. La rebelión se extendió a los territorios de la Orilla Occidental del Jordán, donde, al igual que en la Franja, los campos de refugiados, y en particular las escuelas de la UNRWA, se convirtieron en la primera línea de la Infitada. Los niños han sido los principales combatientes y las principales víctimas de la Infitada.
La zona de Gaza ha estado sufriendo tensiones desde 1948, cuando 180.000 refugiados llegaron a la zona, anegando a los 160.000 residentes autóctonos. Los ataques de la guerrilla palestina desde Gaza, que fue ocupada por Egipto en 1948, fueron la causa para la participación de Israel en la Guerra del Canal de Suez de 1956. Israel expulsó al ejército egipcio y ocupó la Franja durante aproximadamente cinco meses antes de que la administración Eisenhower la presionara para que la abandonara. Israel ocupó la Franja de nuevo durante la Guerra de los Seis Días de junio de 1967. Casi inmediatamente, la OLP convirtió Gaza en una base con un sinfín de búnkers y refugios subterráneos, desde donde libraba una guerra de guerrillas. Se trajo al general Ariel Sharon para aplastar la sublevación. Éste hizo abrir espacios entre los campamentos densamente poblados para que los jeeps del ejército pudieran patrullar con seguridad por las calzadas. Los refugiados, cuyas casas habían sido destruidas por Sharon fueron trasladados a la fuerza a barracones abandonados de las fuerzas de la O.N.U. cercanos a la frontera con Egipto. Básicamente el plan de Sharon consistía en deshacerse de todos los campos de refugiados palestinos.
El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (CPDH), es una organización palestina establecida en Gaza desde 1995 por un grupo de abogados y activistas de los derechos humanos palestinos con el fin de proteger los derechos individuales y colectivos de la población palestina y promover la creación y el desarrollo de instituciones democráticas palestinas. Además de su labor informativa y de investigación, el CPDH ofrece asistencia legal a los presos palestinos ante los tribunales tanto israelíes como de la Autoridad Palestina. También publica informes semanales acerca de las violaciones de derechos humanos en los Territorios Ocupados (TTOO), cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes y, periódicamente, informes específicos sobre las consecuencias económicas de los cierres decretados por Israel.
En mayo del 2001, el CPDH de Gaza ha presentado su informe anual correspondiente al año 2000 en el que se evalúa la situación de los derechos humanos en Palestina. El resultado de dicho informe constata un incremento de las violaciones cometidas por Israel contra la población palestina, especialmente a partir de setiembre del 2000 (inicio de la Infitada), si bien del contenido del mismo se infiere que las políticas de represión y violaciones de los derechos palestinos tanto individuales como colectivos constituyen una práctica sistemática por parte de Israel que es constitutiva de su naturaleza como poder militar ocupante. Asimismo, se concluye del informe que ha sido la realidad creada por los Acuerdos de Oslo que ha permitido a Israel intensificar su control sobre la población y los territorios palestinos durante el año 2000.
De acuerdo con las investigaciones, en docenas de incidentes en los que las fuerzas israelíes asesinaron a civiles palestinos, las vidas de los soldados israelíes no estuvieron expuestas a ningún peligro. Las acciones israelíes no se limitaron exclusivamente al fuego abierto indiscriminado sobre la población palestina o al uso de francotiradores o armas con silenciadores, sino que también se han empleado helicópteros de combate, cañones y tanques para bombardear las áreas residenciales palestinas. Las fuerzas de ocupación también atacaron al personal médico y a las ambulancias. Sumados a ellos, miembros de la prensa local e internacional han padecido también la violencia israelí, especialmente los fotógrafos y las cámaras de televisión, cuyas poderosas imágenes en medios audiovisuales atraen la atención internacional.
También constituyeron un objetivo para las fuerzas de ocupación israelíes las fuerzas de seguridad palestinas. A pesar del limitado número de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad palestinas o palestinos armados e israelíes, el CPDH ha documentado muchos incidentes durante los que las fuerzas de Israel han disparado al personal de la seguridad palestina cuando estas fuerzas estaban intentando controlar a los manifestantes palestinos, como cuando no se estaba produciendo ninguna movilización. En todos los casos, las fuerzas de ocupación israelíes han incumplido los acuerdos internacionales del derecho humanitario, no han distinguido entre población civil y objetivos militares, lo que ha causado una altísima tasa de muertes entre civiles palestinos.
En el último tercio del 2000, las fuerzas de ocupación han practicado intensivamente la destrucción y demolición de la propiedad inmueble y de las tierras palestinas. El ejército israelí arrasó miles de hectáreas de tierra agrícola palestina que constituye el recurso básico de su economía. Se han arrancado árboles frutales y destruido cientos de invernaderos, sistemas de irrigación, bienes e instalaciones y equipamientos agrícolas. También se han demolido viviendas palestinas y sus contenidos tras expulsar a sus habitantes, casi siempre sin previo aviso, así como fábricas, talleres y otras infraestructuras y servicios civiles.
Durante este período, han impuesto el bloqueo de los territorios ocupados. El cierre no se ha limitado solamente a la restricción de las transacciones comerciales sino también a la prohibición de que unos 50.000 trabajadores palestinos accediesen a sus trabajos en Israel. Cierres que incluyen las fronteras entre la Franja de Gaza e Israel así como el denominado "pasillo de seguridad", que fue abierto el 25 de octubre de 1999 para conectar la Franja con Cisjordania según lo estipulado en los Acuerdos de Oslo, para facilitar el movimiento entre ambas áreas palestinas. A ello hay que sumarle la expresa prohibición de movimiento entre Gaza y Cisjordania a través de Israel y las fronteras palestinas de Gaza con los países vecinos, y el cierre del Aeropuerto Internacional de Gaza.
Israel ha reforzado su presencia militar en los territorios ocupados, especialmente a las entradas de las ciudades palestinas, restringiendo el movimiento entre ellas, transformando los territorios ocupados en espacios aislados y desconectados, creando una situación sin precedentes desde el inicio de la ocupación israelí en 1967 y cuya ejecución se deriva de la nueva configuración territorial y administrativa que había creado la aplicación de los Acuerdos de Oslo.
El inicio de los enfrentamientos entre la población civil palestina y las fuerzas israelíes de ocupación es el resultado de los años continuos de opresión y persecución israelí al pueblo palestino, y de la constante negación de sus básicos derechos y libertades. Negación de su derecho de autodeterminación, del fin de la ocupación, del establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén como su capital y del retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, todas ellas legítimas demandas reconocidas internacionalmente que han sido reiteradamente negadas por Israel, incluso en el marco del proceso de paz. El surgimiento de los enfrentamientos debe ser observado como el resultado de las frustraciones de un proceso negociador de diez años, en el que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario han quedado subyugados por la continua presión ejercida por EE.UU. y el continuo apoyo de este país a Israel y a sus prácticas opresoras contra el pueblo palestino.
De hecho, con anterioridad al estallido de la violencia en setiembre del 2000, la total falta de respeto a los derechos individuales y colectivos palestinos era evidente. Las fuerzas israelíes seguían confiscando tierras palestinas para facilitar la expansión de los asentamientos judíos ya existentes y para el establecimiento de nuevos asentamientos. Construyendo nuevas carreteras y vías de comunicación entre Israel, los asentamientos y los puestos militares de las fuerzas de ocupación. Y más de 1.600 presos palestinos estaban todavía encarcelados en prisiones del interior de Israel, expuestos a las prácticas de tortura y en condiciones que violan los mínimos derechos de los presos.
Israel también venía practicando la política de cierres de los territorios ocupados, imponiendo restricciones a la libertad de movimientos de civiles palestinos y bienes, estrangulando la economía local palestina. La acumulación de todas esas violaciones a los derechos palestinos fue lo que profundizó la crisis.
De esta manera, no es difícil entender que la población palestina está haciendo frente a una situación extrema de dificultad y penuria colectiva. El empobrecimiento masivo de la población se debe a la pérdida de ingresos de las familias (hasta un 73%), en relación directa con los cierres impuestos por Israel; la población palestina sigue sin poder acceder a sus lugares de trabajo (en Israel o en los territorios ocupados). En relación con estos hechos, cada vez es más claro que Israel sigue una estrategia de liquidación de la Autoridad Palestina y de expulsión de los palestinos de los territorios ocupados. Esta se realiza mediante la aplicación de castigos colectivos que resultan insoportables, como el perpetuo estado de sitio, con ciudades ocupadas, sometidas a múltiples controles que les impiden la circulación, la asistencia sanitaria o la utilización de los centros educativos. Tampoco pueden abastecerse con facilidad de alimentos y, con frecuencia, carecen de suministro de agua, controlada por el ejército de ocupación. Es decir, lo que se puso en marcha en 1998, y que conoció una aceleración vertiginosa a partir del 2000, no es otra cosa que la aniquilación de las posibilidades de funcionamiento de una sociedad en los territorios ocupados, que representan el 22% de la Palestina histórica.
Los distintos ministerios y oficinas de la Autoridad palestina en Ramala, capital administrativa de la Autonomía Palestina, han sido barridos a conciencia por las fuerzas de ocupación israelíes. Desde el Ministerio de Economía al de Educación; desde el de Sanidad al de Información, no ha habido despacho que no haya sido invadido, saqueado y destruido. En ese saqueo tiene especial gravedad el de los archivos de propiedades, basados muchos de ellos en las escrituras del período otomano y que eran los únicos títulos válidos de propiedad de la tierra. La desaparición de esos documentos supone que muchos palestinos no podrán demostrar en el futuro sus derechos sobre esas propiedades, tanto en el territorio de lo que hoy es Israel y que les fueron confiscadas hace décadas como en la actual Cisjordania ocupada. De esta forma, al gobierno israelí le será más sencillo confiscar las tierras para ampliar los asentamientos sin que los palestinos puedan probar documentalmente que son los legítimos propietarios.
El armamento bélico utilizado por Israel para perpetuar sus ataques es proveniente de, o financiado por, los EE.UU. . Pero la ayuda no es completamente desinteresada: gran parte del dinero que Israel recibe de EE.UU. vuelve a ese país para la adquisición de armamento (Israel es uno de los más importantes importadores de armas procedentes de Norteamérica). La industria bélica estadounidense tiene interés en que el gobierno aumente, siempre con el dinero de los contribuyentes, la ayuda a Israel, su preciado cliente.
Desde 1976 Israel ha sido el principal receptor de la ayuda exterior estadounidense. De acuerdo con el reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos de noviembre del 2001, la ayuda estadounidense a Israel en el pasado medio siglo llegó a la suma gigantesca de 81.3 mil millones de dólares. En años recientes, Israel sigue siendo el principal receptor de la asistencia militar y económica de su aliado. El dato más comúnmente citado es de 3 mil millones de dólares al año, de los cuales 1.8 mil millones anuales son donaciones de fondos dentro del rubro Financiamiento Militar Externo (FME) del Departamento de Defensa, y 1.200 millones anuales del rubro Fondos de Apoyo Económico del Departamento de Estado. En síntesis, 17% de toda la ayuda exterior norteamericana se destina a Israel. Estados Unidos también regala armamento y municiones como parte del programa Exceso en Artículos de Defensa (EAD), entregándolos sin costo alguno. Entre 1994 y 2001, proveyó la mayor parte de armas a Israel mediante este programa.
En síntesis, años de guerra, muerte, desesperación y opresión de un pueblo, pueden entenderse como el "gran negocio" de un estado, que tras el disfraz de defensor de los derechos humanos y libertades del hombre, sigue creando víctimas en todo el mundo, para que las tasas de ganancias de un capitalismo salvaje y opresor no decaigan y para el mantenimiento de un sistema dominación mundial.
Bibliografía
- DIECKHOFF, Alan, "Las tres luchas del sionismo", en Revista "Debats", N° 33, setiembre de1990. - DINER, Dan, "Israel: el problema del Estado nacional y el conflicto del Oriente Próximo", en Problemas mundiales entre los dos bloques de poder, Siglo XXI, México, 1985.- FRIEDMAN, Robert, "Los refugiados palestinos", en Revista "Debats", N° 33, setiembre de 1990.- http://www.lainsignia.org/palestina
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